Buena parte de las discusiones políticas españolas son, en el fondo, discusiones sobre competencias: quién puede legislar sobre qué. Este es el esquema.
El punto de partida
La Constitución de 1978 no diseñó un mapa cerrado. Estableció un sistema abierto: fijó una lista de materias reservadas al Estado, otra de materias que las comunidades podían asumir, y dejó que cada una concretara su techo competencial en su Estatuto de Autonomía.
Por eso el reparto no es idéntico en todas partes, aunque el proceso de homogeneización de las últimas décadas lo haya acercado bastante.
Qué corresponde al Estado
Entre otras materias, relaciones internacionales, defensa y fuerzas armadas, administración de justicia, legislación mercantil, penal y laboral, sistema monetario, Hacienda general, y las bases y coordinación de la planificación económica.
El Estado conserva además la potestad de fijar legislación básica en numerosas materias que después las comunidades desarrollan.
Qué han asumido las comunidades
Las de mayor impacto en la vida diaria:
- Sanidad. La gestión está transferida, dentro del marco común del Sistema Nacional de Salud.
- Educación. También transferida, con el Estado fijando enseñanzas mínimas y titulaciones.
- Servicios sociales y buena parte de la dependencia.
- Vivienda, ordenación del territorio y urbanismo.
- Transporte dentro de su territorio, agricultura, comercio interior y promoción del turismo.
- Policía autonómica, en las comunidades que la han creado.
Por qué hay tantos conflictos
La frontera entre legislación básica estatal y desarrollo autonómico es interpretable, y ahí nace la mayoría de los choques. Cuando no hay acuerdo, quien resuelve es el Tribunal Constitucional, mediante recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia.
Las sentencias del Constitucional han ido perfilando el reparto tanto o más que los propios estatutos.
La financiación
Es el asunto más recurrente. Conviven dos modelos: el régimen común, aplicable a la mayoría de comunidades, basado en tributos cedidos y fondos de nivelación; y el régimen foral de País Vasco y Navarra, con concierto y convenio económico.
El modelo de régimen común lleva años pendiente de revisión y genera posiciones enfrentadas: unas comunidades reclaman más recursos por población ajustada y otras por criterios de coste efectivo o dispersión territorial. No hay consenso a la vista.
Las reglas del juego institucional, en la guía de la Constitución.