El documento que ha trasladado el partido de Puigdemont al Ejecutivo elimina la regulación de los alquileres y habitaciones, mantiene las bonificaciones a propietarios y aligera la prórroga de arrendamientos y la protección de desahucios
Junts, PP y Vox tumban los decretos de vivienda en el Congreso
Los decretos sobre vivienda, vistos por los expertos: entre la protección al inquilino y el “parche temporal”
El decreto ley alternativo que ha propuesto Junts al Gobierno, tras pedir la retirada de los dos textos ya publicados en el BOE y que PP, Vox, Junts y UPN han tumbado este viernes, refuerza la protección de los caseros frente a los inquilinos, elimina la regulación de los alquileres de habitación y temporada, lima las prórrogas de los arrendamientos al hacerlas voluntarias y también limita al máximo el escudo antidesahucios, entre otros cambios.
El texto al que ha tenido acceso elDiario.es dista notablemente del primer decreto-ley publicado en el BOE el pasado miércoles. No solo en cuanto a la longitud, ya que recorta notablemente la norma. También en cuanto a la ambición para proteger a los inquilinos, lo que dificulta cualquier aproximación con partidos de izquierda como Sumar, que consiguieron una prórroga automática a los arrendamientos.
Así, en cuanto a las extensiones de los contratos de alquiler, si bien mantienen el horizonte temporal de diciembre de 2028, no las hace obligatorias y automáticas, sino que serán “voluntarias” y pactadas con el casero. En ese pacto tendría que constar el contrato prorrogado, su duración y la renta aplicable “y hará constar que el arrendatario se encuentra al corriente del pago de la renta y de las demás cantidades cuyo pago haya asumido o le correspondan”.
El escudo antidesahucios también es mucho más flojo: recorta el límite temporal hasta el 31 de diciembre de 2028, frente al 2030 en vigor, y solo será de aplicación para entidades financieras y grandes tenedores, con una autorización judicial de la suspensión del desahucio por periodos de meses y excluyendo expresamente la okupación.
Sobre las cuantías sin pagar, el primer decreto ya contenía un mecanismo para compensar a los caseros a quienes habían dejado de pagar el alquiler, por el que el Estado podía pagar para evitar el desahucio. Junts establece un límite de dos meses para reemprender el lanzamiento y, también, que será el Estado directamente quien financiará las ayudas, que solo podrán producirse una vez por contrato.
Tampoco beneficia a los inquilinos en el ámbito fiscal. El Real Decreto-ley del miércoles recoge, por primera vez en más de una década, una deducción del 10% en el IRPF para las cuantías que abonan los inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros. La propuesta de Junts amplía ligeramente el alivio tributario (al 15%), pero lo limita temporalmente a 2026 y 2027.
Al otro lado, lima toda la casuística en las bonificaciones para los propietarios, que se podrán beneficiar en el caso de que haya una prórroga acordada. Mantiene la exención del 90% en el IRPF a lo que cobran por los alquileres si recortan un 5% el precio del alquiler, pero después lo sitúa en el 70% para todos los casos sin distinción. La carga de la rebaja se divide al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.
En materia fiscal, también propone recortar al 5% el IVA de la vivienda nueva, siempre que sea para residencia habitual y que la superfie no exceda los 120 metros cuadrados.
No recoge el IVA para los alquileres turísticos, que el Ejecutivo había situado al 10%. Precisamente lo situó en el tipo reducido, frente a la intención de que fuera el 21%, para atar el apoyo de socios como PNV o Junts. Tampoco modifica el régimen de socimis, ni la posibilidad de elevar el IBI para la vivienda vacía o para los pisos turísticos.
Además, Junts incorpora un título completo con “medidas urgentes frente a la ocupación ilegal de viviendas”, que reforma tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la del ámbito civil. En el primer caso, los neoconvergentes añaden un procedimiento cautelar que da 48 horas para aportar un título de posesión, tras lo cual el juez resuelve y sin que la intervención de los servicios sociales pueda suspender el trámite.
En el segundo, amplía la recuperación rápida de los inmuebles para propietarios y también elimina determinados trámites de vulnerabilidad social.
El texto de Junts amplía las definiciones de fondo buitre, aunque sin mencionarlo, y también el veto a su compra, aunque no serán de aplicación estos límites si se comprometen a destinarlo a vivienda social durante cinco años, a personas vulnerables o en el caso de entidades públicas. La prohibición es más laxa para las empresas que para las entidades financieras en sí.
El texto de los neoconvergentes no incluye en su articulado otras medidas que sí incorpora el del Gobierno, como la línea de ayudas Tu Casa para financiar la entrada a una vivienda ni la cuenta de inversión con incentivos fiscales.
Puedes leer el decreto completo bajo estas líneas.