El Consejo de Ministros amplía hasta 2030 la protección frente a los lanzamientos, prohíbe la compra de viviendas a los fondos buitre hasta 2028 e incluye la prórroga automática de contratos en un segundo texto
¿Son las bonificaciones a los propietarios un “regalo fiscal” al especulador?
PSOE y Sumar han llegado al final a un acuerdo para aprobar en el Consejo de Ministros dos decretos de vivienda que den respuesta al clamor de las calles tras el desahucio de Maricarmen. Y han pedido al Congreso votarlo en un pleno extraordinario ya este viernes. Algunos de los puntos que alejaban a Sumar y a PSOE se han podido salvar durante las negociaciones de esta mañana gracias al segundo decreto, que da mayor estabilidad a los contratos de alquiler.
La protección frente a los desahucios, que impide ejecutarlos a personas vulnerables sin alternativa habitacional, se amplía hasta 2030, después de que durante la tarde del lunes el borrador recogiera 2028 como fecha clave. También se refuerza la obligación de ofrecer alternativas residenciales de las administraciones autonómicas y municipales.
En el texto de julio, la prohibición de estos desahucios no tenía fecha límite, pero la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha aprobado así por la “urgencia” de que se vote. “Después del viernes, vendrá el sábado y después, el domingo”, ha dicho, dando a entender que trabajará para convertir la medida en estructural. “Mi objetivo es llevar un texto como el de julio”, ha defendido.
La prórroga de los contratos en vigor será de dos años para todos aquellos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Renovación automática de alquileres. En un segundo real decreto, se aprobará la renovación automática de los alquileres, tal y como exigía Sumar y el Sindicato de Inquilinas. Este decreto es el que debe proteger de manera más estructural a los inquilinos, pero la propia ministra ha reconocido que “no se ha podido trabajar durante tanto tiempo” con los grupos políticos, por lo que su aprobación será más difícil en el Congreso.
Congelación de las subidas de alquiler, a un 0% por encima del índice de Vivienda. El Consejo de Ministros ha aprobado también esta medida, que irá más allá de las zonas tensionadas. Los caseros no podrán subir el precio ni siquiera año a año si tienen su alquiler por encima del índice de vivienda. El resto de alquileres sólo podrán subir un 2% anual.
Los fondos buitre tendrán prohibido comprar vivienda hasta 2028. La definición de un fondo buitre se mide por su forma de comprar vivienda y no por su naturaleza jurídica: se vetará la compra por debajo de mercado o en paquetes que tenga como finalidad única el lucro imediato.
La regulación del alquiler de temporada y, también, de habitaciones. Este último punto era una de las mayores discrepancias entre ambos socios, ya que desde el PSOE se defendía que regular los contratos de habitaciones afectaba potencialmente a colectivos vulnerables. El alquiler de temporada deberá demostrarse con pruebas de que el inquilino tiene necesidad temporal. Si no se hace, pasará a ser de vivienda habitual. Además, si se encadenan contratos de temporada a una misma persona, el contrato se convertirá en vivienda habitual.
Financiación al 0% de interés de la entrada para la compra de la primera vivienda. A diferencia de lo que sucedía hasta ahora, esta ayuda se dará independientemente de la edad del potencial comprador. Según el borrador del Real Decreto-Ley al que tuvo acceso elDiario.es, el mecanismo estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permitirán la financiación del valor inferior entre el 20% de la vivienda hipotecada y 50.000 euros. Se concederán hasta 10 años, sin comisiones y con una carencia igual del plazo de la hipoteca, hasta un máximo de 30 años.
Bonificaciones fiscales a inquilinos y a “buenos caseros”. En cuanto a las bonificaciones fiscales, el Gobierno permitirá desgravarse el alquiler a los inquilinos con ingresos de menos de 33.000 euros anuales, una medida que según ha afirmado la ministra puede ayudar a 1,6 millones de personas. También se premiará con menos impuestos a los caseros que “no quieren especular”, ha dicho la ministra, y pongan pisos a un precio de alquiler por debajo de mercado.
Endurecimiento del control y subida del IVA sobre los pisos turísticos. Se eliminan las ventajas fiscales de los alquileres turísticos de corta duración para favorecer el uso residencial de la vivienda. Además, se limita su duración máxima a 31 días, se habilitan recargos en el IBI en zonas tensionadas y se refuerza el control sobre las plataformas digitales mediante un nuevo régimen sancionador. Los pisos turísticos pagarán un IVA del 10%.
Fomento de movilización de vivienda vacía. Los ayuntamientos podrán poner más IBI a las viviendas desocupadas, que también pagarán más IRPF, con tal de desincentivar su retención con fines especulativos.
Blindaje del control de los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Se elimina la posibilidad de elusión de los límites legales de renta mediante nuevos gastos, cuotas, impuestos, tasas, servicios o conceptos adicionales repercutidos a las personas inquilinas.
Más derecho de tanteo y retracto para las personas inquilinas. Será un derecho irrenunciable para inquilinos y se amplía a la venta de edificios enteros, carteras y otras operaciones inmobiliarias.
Supresión de ventajas fiscales de las socimi. Pagarán un 25% de los beneficios no distribuidos, favoreciendo fiscalmente las carteras de alquiler asequible.
El desahucio de Maricarmen el pasado miércoles puso en foco la posibilidad de desalojar a una persona de su vivienda por muchos años que lleve en ella debido a vencimientos de contrato, pese a que siguiera pagando el alquiler. Con o sin desahucio, miles de personas viven pendientes de su finalización de contrato de alquiler para saber si seguirán o no en su vivienda. Cuando el contrato expira, el dueño puede decidir echarles para vender la vivienda, subir el precio la cuantía que quiera (menos en las Comunidades donde se aplica el tope de alquileres) o ponerlo en alquiler turístico o de temporada si su municipio o Comunidad lo permite.
Unos 5 millones de inquilinos, según aseguran desde el Gobierno, se verán aliviados por estas medidas.