El Supremo, juez y parte, entra en la campaña electoral

El activismo judicial en España ha dejado de guardar las formas. Ya no le hace falta el pudor de la toga ni el disimulo de los tecnicismos. La reciente decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de rechazar el recurso de la Abogacía del Estado y mantener la suspensión cautelar del voto para 163.020 españoles en el exterior no es un acto de prudencia jurídica. Es una intervención política (diseñada, eso sí, con escuadra y cartabón) en el campo de juego de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con esta decisión, el Alto Tribunal no solo arbitra el partido: ha bajado al césped a rematar el córner en el minuto de descuento.

Para entender la magnitud del escándalo hay que desbrozar el camino de la infamia. La llamada Ley de Nietos nació amparada por una “Instrucción” del Ministerio de Justicia que aliviaba la carga de la prueba a los descendientes del exilio, presumiendo su condición si salieron del país en los años de plomo de la dictadura. Aquella norma contó en sus inicios con el perfil bajo y los matices del Partido Popular, que pretendía mantener su tradicional caladero de votos en el exterior, singularmente en Galicia y el norte peninsular. 

De hecho, Feijóo prometió en 2022 una ley específica para los descendientes de españoles y su programa de 2023 recogía ese compromiso. La contradicción es aún más llamativa si recordamos que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2015 una ley para facilitar la nacionalidad a los sefardíes: hasta finales de 2024 se habían concedido 72.209 nacionalidades por esa vía. Entonces se invocaba la reparación de un vínculo histórico. Vínculo que parece que no es relevante cuando se trata de descendientes de exiliados por el franquismo.

Pero la irrupción de Vox y ese artefacto judicial que es Iustitia Europa activaron las alarmas de la derecha. Los de Abascal llevaban tiempo alimentando la sospecha de que esta ley era, en realidad, una fábrica de votantes socialistas, así que cuando los populares se unieron a la nueva cruzada, la “integridad de la patria” exigió sacrificar los derechos de sus propios compatriotas. El PP viró en redondo y el Supremo acudió raudo al silbato.

La resolución es jurídicamente aberrante por una razón que el Supremo despacha con soberbia: los 163.020 afectados ya gozan de la nacionalidad española de pleno derecho. Tienen su pasaporte, constan en los registros del Estado y son ciudadanos a todos los efectos. Pero el Supremo, en una pirueta elitista, ha creado una ciudadanía de segunda categoría. El tribunal dictamina que el derecho de sufragio no es “absoluto” y congela el voto de miles de personas bajo la sospecha abstracta de que el trámite por el cual adquirieron su condición nacional fue “demasiado laxo”. Es un hito inaudito: un tribunal priva preventivamente de un derecho constitucional a ciudadanos legítimos para proteger una supuesta “limpieza del censo” que nadie ha demostrado alterada. El Supremo ha intervenido, pero siempre con mesura, ante fraudes localizados de empadronamiento municipal, el burdo “turismo electoral” de los caciques locales. Ahora no ha tenido reparos en aplicar una purga masiva a escala internacional a las puertas de unas generales.

Este movimiento no es sino es el enésimo capítulo de una trayectoria de resistencia numantina de la cúpula judicial contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Vivimos en ese país donde el Supremo se rebela contra el poder legislativo de forma sistemática. Hace apenas una semana, el Tribunal Constitucional tuvo que enmendarle la plana a la Sala de lo Penal y al juez Pablo Llarena por su insólita interpretación de la Ley de Amnistía, acusándolos de inventarse un “beneficio patrimonial” para no aplicar la norma al delito de malversación. 

Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de un Tribunal Constitucional obligado a actuar a contrarreloj. La Abogacía del Estado no tiene otra salida que presentar un recurso de amparo urgente invocando la vulneración flagrante del derecho al sufragio activo (artículo 23 de la Constitución) y la indefensión absoluta (artículo 24) que supone exigir la revisión individual de más de 160.000 expedientes consulares en un intervalo temporal mínimo. Una vulneración de derechos fundamentales de manual. La clave está en que el Constitucional tiene la facultad legal de resolver solicitudes de medidas “cautelarísimas” de 24 a 48 horas: podría suspender la resolución del Supremo antes del 23 de octubre, fecha límite e inamovible en la que la LOREG exige cerrar el censo definitivo.

Quizás en previsión de esta posibilidad, Vox y la parte más vociferante del PP –la inefable Ayuso— ya se han dedicado a embarrar el terreno de juego. Ahora se entienden mejor las constantes referencias al “pucherazo” electoral por parte de los de Abascal o que la de Chamberí saliera a las primeras de cambio a cuestionar el voto por correo. No seré yo quien diga que hay vasos comunicantes entre la derecha y el poder judicial, un conducto por el que la afinidad ideológica circula a presión constante. Pero no está de más recordar que los populares estuvieron a punto de firmar en noviembre de 2018 un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con un Sánchez que acababa de ganar una moción de censura por primera vez en democracia. Un preacuerdo que Ignacio Cosidó vendió como “extraordinario” porque permitiría al PP controlar “la Sala Segunda desde detrás”.

Una oportuna filtración periodística de este mensaje de WhatsApp dio al traste con aquel preacuerdo y así seguimos ocho años después: con un CGPJ sin renovar, oportunamente dominado por una mayoría conservadora, que no ha tenido a bien reprobar ninguna de las delirantes actuaciones del juez Peinado, por poner solo un ejemplo. España se asoma a un escenario de colisión institucional sin precedentes. Quienes se llenan la boca con la separación de poderes han acabado por convertir el Tribunal Supremo en el órgano, también supremo, de la oposición política.