La República Dominicana enfrenta una grave crisis en su sector agrícola debido a las deportaciones masivas de trabajadores haitianos, esenciales para actividades como la producción y exportación de banano.

Representantes de asociaciones locales e internacionales, como Banana Link y Adobanano, advierten sobre el impacto negativo en la economía nacional y la estabilidad laboral de miles de familias.Con exportaciones anuales valoradas en cerca de 300 millones de dólares, el sector bananero está al borde de un colapso.

Martín Peña, director de Adobanano, informó que más de 70,000 empleos están en peligro ante la falta de mano de obra haitiana, vital para las operaciones de empaque y cultivo. Este déficit amenaza los compromisos internacionales de exportación y la sostenibilidad del sector.El impacto no se limita al banano.

El sector arrocero, liderado por la Federación Nacional Dominicana de Productores de Arroz (Fenarroz), también enfrenta retos significativos. Marcelo Reyes, presidente de la entidad, indicó que los costos laborales han aumentado un 15% debido a la falta de personal, lo que podría repercutir en los precios locales del arroz.

Aunque las autoridades dominicanas han defendido las deportaciones como parte de su política migratoria, organizaciones como Banana Link subrayan la importancia de priorizar los derechos humanos y proteger la cadena de producción agrícola.

La situación pone en riesgo no solo la economía nacional, sino también la reputación del país en el mercado internacional.Banana Link, una cooperativa con sede en Reino Unido, trabaja desde 1996 en la defensa de los derechos laborales en cadenas de producción agrícola.

La organización insta al gobierno dominicano a implementar medidas que garanticen prácticas justas y sostenibles, evitando una crisis económica mayor.

Como acción inmediata, las organizaciones implicadas hacen un llamado a las autoridades para revisar las políticas migratorias y garantizar la estabilidad laboral.

Proponen fomentar el diálogo entre productores, trabajadores y gobiernos para proteger los derechos humanos y evitar consecuencias irreversibles en el sector agrícola.