Montecristi, R.D.- El empresario y exprecandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Bartolo Castro, ha causado revuelo al declararse como un preso político y víctima del sistema de justicia en República Dominicana. Castro fue enviado a prisión preventiva por dos meses en la cárcel de Montecristi, acusado de presuntas irregularidades relacionadas con la tala de un bosque en Villa Vásquez. La falta de pruebas contundentes y las acusaciones de persecución política han generado un intenso debate en el país.
El caso de Bartolo Castro se originó a partir de una denuncia realizada por el síndico de Villa Vásquez, quien lo señaló en relación con actividades forestales presuntamente irregulares en el municipio. En respuesta, el Ministerio de Medio Ambiente formalizó una querella en su contra, lo que llevó a su arresto y posterior presentación ante el tribunal.
Durante la audiencia de medidas de coerción, la defensa de Castro argumentó que la acusación carece de fundamentos sólidos y que las pruebas presentadas no demuestran su implicación directa en los hechos investigados. A pesar de presentar evidencias de arraigo y garantías para asegurar su comparecencia, el tribunal optó por imponer prisión preventiva, una decisión que su defensa considera una “condena anticipada”.
Bartolo Castro ha denunciado que su detención es un acto de persecución política, alegando que se trata de un intento de silenciar a opositores en un año preelectoral. Su caso ha suscitado preocupación en diversos sectores sobre el posible uso del sistema de justicia con fines políticos, un tema que ha sido ampliamente discutido en la opinión pública y en las redes sociales.
El caso de Castro ha desatado una ola de reacciones en la sociedad dominicana. Muchos han expresado su preocupación por el manejo de los procesos judiciales en el país, señalando la posibilidad de que se esté utilizando la justicia para eliminar a figuras opositoras. La situación ha puesto en el centro del debate la integridad del sistema judicial y su papel en la política dominicana.