El Consejo Nacional de Parceleros de Reforma Agraria y la Asociación Nacional de Factorías expresaron su preocupación ante la falta de titulación definitiva de los terrenos asignados a los beneficiarios de la reforma agraria en la República Dominicana.

A través de un comunicado, los líderes de estas instituciones denunciaron que, a pesar de los esfuerzos realizados, más de 112,000 parceleros aún no han logrado la titularidad de sus tierras, lo que pone en riesgo sus derechos y la estabilidad de las familias que dependen de esos terrenos.

Según el documento, el 60% de las tierras que forman parte de la reforma agraria aún enfrentan barreras legales que impiden la emisión de títulos de propiedad.

Esta situación, según los firmantes, ha sido agravada por intentos de adquisición por parte de terceros, quienes buscan apropiarse de estas tierras, afectando los derechos de los parceleros que llevan años trabajando en ellas.

En los últimos años, han aumentado las amenazas de desalojo en varias provincias, siendo Mao Valverde y Monte Cristi dos de las más afectadas.

Los parceleros denuncian que algunos de estos intentos de desalojo han sido impulsados por intereses económicos que buscan aprovechar los terrenos sin considerar los derechos de los beneficiarios.

Otro punto relevante del comunicado es la preocupación por la desaparición del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en algunas instancias administrativas, lo que ha afectado la gestión de los casos pendientes y ha generado una mayor incertidumbre jurídica.

Según las organizaciones, más de 800,000 personas podrían verse afectadas si no se agiliza el proceso de titulación y se mantiene el apoyo del IAD en el seguimiento de los casos.

Ante esta situación, los parceleros hicieron un llamado al presidente de la República para que reciba a una comisión del sector agrario y aborde la crisis de la reforma agraria.

Insisten en que es fundamental que el IAD continúe operando de manera autónoma y con los recursos necesarios para proteger los derechos de los parceleros.

Los líderes agrarios consideran que, sin una adecuación del marco legal, la situación podría empeorar, poniendo en peligro el sistema que busca proteger a los pequeños agricultores del país y garantizar la justicia social en el acceso a la tierra.