Santo Domingo Norte Ditrito Nacional, La comunidad de La Malvina, ubicada en Villa Mella, Santo Domingo Norte, enfrenta una grave situación de suplantación de derechos que, según denuncias, involucra la falsificación de documentos y la venta fraudulenta de terrenos.
El abogado Pedro José Gutiérrez ha acusado a la entidad financiera Bell Bank de intentar suplantar los derechos previamente otorgados por el Estado Dominicano a los moradores de esta comunidad.
Gutiérrez afirma que los títulos de propiedad de los terrenos en disputa fueron emitidos por la Administración General de Bienes Nacionales en 2010, a favor de los residentes de La Malvina.
Sin embargo, Bell Bank habría adquirido supuestos derechos sobre la misma parcela, lo que ha generado conflictos y acusaciones de actividades delictivas, incluyendo la falsificación de documentos públicos y privados.
La parcela en cuestión, identificada como la número 9-C-1 del Distrito Catastral 18, se encuentra en una zona protegida por varios decretos presidenciales.
Estos decretos, emitidos entre 2002 y 2016, establecen la protección de áreas verdes y la creación de parques nacionales en la cuenca de los ríos Ozama e Isabela, donde se ubica la comunidad.
Estos decretos son el número 260-14 del 23 de julio de 2014, el decreto número 207-02 del 20 de mayo de 2002, el decreto número 312-92, y el decreto número 392-16.
La comunidad de La Malvina, que lleva más de 30 años habitando en la zona, posee títulos de utilidad pública que, según Gutiérrez, no pueden ser suplantados por derechos privados.
Además, los moradores cuentan con respaldo legal que certifica la titularidad de sus propiedades, protegiéndolos contra cualquier intento de desalojo o venta fraudulenta.
Gutiérrez también señaló la existencia de un grupo organizado que, bajo la fachada de una junta de vecinos y con la complicidad de algunas entidades financieras, se dedica a estafar a ciudadanos vendiendo terrenos que no les pertenecen. Este modus operandi ha generado múltiples escándalos en la región.
La situación ha llevado a la comunidad de La Malvina a solicitar la intervención del Estado para proteger sus derechos y garantizar que se respete la ley. Los residentes temen que, de no tomarse medidas, puedan ser desplazados de sus hogares en beneficio de intereses privados.
