El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha iniciado acciones legales contra el Consejo Superior del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, exigiendo el cumplimiento de la Ley No.133-11 que establece un sistema de pensiones y retiro digno para los fiscales.

La organización ha depositado formalmente una solicitud ante la Procuraduría, demandando la implementación del sistema de pensiones, ya que este es un derecho garantizado por la normativa vigente.

Trajano Potentini, presidente del CARD, expresó su preocupación por la falta de un sistema interno de pensiones en el Ministerio Público, lo que ha dejado a muchos fiscales en situación de vulnerabilidad.

Potentini señaló que los fiscales enfrentan altos costos médicos, especialmente en la vejez, y sin una pensión adecuada, su calidad de vida se ve gravemente afectada.

Esta situación, según Potentini, es inaceptable para servidores públicos que han dedicado toda su vida al Estado.

La ley que establece el sistema de pensiones para el Ministerio Público fue aprobada hace más de 13 años, pero hasta la fecha, no se ha implementado.

El CARD ha lamentado profundamente que, a pesar del mandato legal, no se han realizado esfuerzos concretos para garantizar que los fiscales cuenten con una pensión digna.

El gremio de abogados también ha denunciado que la falta de un sistema de pensiones adecuado ha dejado a muchos fiscales en una situación desesperada. Algunos enfrentan enfermedades terminales sin los recursos necesarios para costear su tratamiento, mientras que otros viven en condiciones precarias, sin esperanzas después de años de servicio al país.

El CARD ha calificado la situación como una violación flagrante de los derechos de los fiscales y ha instado a las autoridades a tomar medidas inmediatas.

La organización ha advertido que continuará con sus acciones legales hasta que se implemente el sistema de pensiones tal como lo establece la ley.

Esta demanda del CARD refleja un clamor generalizado entre los servidores públicos del Ministerio Público, quienes ven en la implementación de este sistema una necesidad urgente para garantizar su bienestar y dignidad después de años de servicio.